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Boletín de prensa 18 de mayo de 2011
EL TIEMPO
CORTE DEFINIRÁ PENSIÓN DE GRACIA PARA 2.500 MAESTROS JUBILADOS
La plenaria de la Cámara de Representantes negó las objeciones presidenciales a la iniciativa.
Esta ley busca darles pensión a 2.500 educadores jubilados, quienes debido a un fallo del Consejo de Estado no tienen este derecho.
El Gobierno ha manifestado que no tiene recursos para cubrir estos pagos, y por eso envió objeciones al proyecto, el cual fue aprobado en diciembre del año pasado.
El senador Jorge Eliécer Guevara, autor de la iniciativa, dijo estar "confiado" en que el alto tribunal declarará la exequibilidad de la norma.
"No tiene lógica que estos maestros, que trabajaron igual, que se esforzaron igual, que tuvieron los mismos rectores y estudiantes, no tengan derecho a esta pensión", agregó el congresista.
Noventa y ocho representantes votaron en contra de las objeciones presidenciales a la iniciativa, y ninguno a favor.
SENADO APROBÓ REFERENDO CONTRA VIOLADORES EN SEGUNDO DEBATE
La iniciativa, debatida en plenaria, busca castigar a violadores o asesinos de menores de 14 años.
Con 52 votos a favor la plenaria del Senado aprobó esta tarde el referendo que modifica la Constitución, para que los violadores y asesinos de menores de 14 años puedan ser condenados hasta con cadena perpetua.
Para superar el trámite el referendo requería, por lo menos la mitad más uno del total de integrantes de la corporación legislativa, es decir 51 votos.
La iniciativa, que pasa ahora a la Cámara de Representantes, tuvo 15 votos en contra.
A las 6:24 minutos, tan pronto el secretario general del Senado, Emilio Otero, leyó el resultado final, la senadora Gilma Jiménez, promotora del referendo, reventó en llanto y se tomó la cara mientras era abrazada por varios de sus colegas.
El párrafo que modifica el artículo 34 de la Constitución quedó así: "con relación a los delitos de homicidio doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores de 14 años y menores de edad con discapacidad física o mental, podría aplicar la pena de prisión perpetua, de acuerdo con la ley".
La senadora Jiménez advirtió, al inicio de la plenaria del Senado, que dificultades en la conformación del quórum pondrían en peligro la votación favorable de la iniciativa.
"Hasta el momento tenemos asegurado el 50 por ciento de la votación", dijo Jiménez antes de que se conociera los resultados de la votación.
Incluso le pidió al presidente del Senado, Armando Benedetti, que no proceda a la votación del mismo si el quórum no supera los 80 legisladores.
Pasadas las 4 p.m. se habían registrado 60 senadores.
Minutos después el vocero liberal, el senador, Álvaro Ashton, manifestó que su partido votaría en contra del referendo, porque "va en contra de la filosofía liberal", y atenta contra el principio de "proporcionalidad" de la pena.
Según el legislador, no está bien que a una persona se le imponga una sanción tan alta, cuando en el código penal ya se aplican penas de hasta 65 años.
El proyecto, a su paso por la Comisión Primera, obtuvo los 10 votos que como mínimo requería para pasar a plenaria del Senado.
EN COLOMBIA SE PODRÁN CUMPLIR LAS SENTENCIAS DE LA CPI
Sang-Hyun Song, presidente de la Corte Penal Internacional, confirmó firma del principio de acuerdo.
El gobierno de Colombia firmó con la Corte Penal Internacional (CPI) un principio de acuerdo con el que acepta que algunas condenas de ese tribunal sean cumplidas en su territorio.
Se trata del Acuerdo de Ejecución de Sentencias, firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el presidente de la CPI, Sang-Hyun Song.
Colombia es el primer país de América y el sexto en el mundo que suscribe el documento. Austria, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca y Serbia ya lo firmaron.
"Somos el primer país de América Latina en firmar un acuerdo de esta naturaleza, y lo hacemos porque estamos convencidos de que, en tan pocos años de existencia, la Corte ha logrado consolidarse como un destacado actor de la comunidad internacional", dijo Santos.
Por su parte, Sang-Hyun afirmó: "no descansemos hasta que no haya un sólo criminal que no haya pagado por sus delitos ni hasta que el sufrimiento de las víctimas haya sido reparado".
Santos y Sang-Hyun suscribieron el acuerdo en la Casa de Nariño, en presencia del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, presidentes de las altas cortes y otras personalidades del país.
El presidente de la CPI agregó que "la decisión de Colombia "aliente a otros países de la región a seguir su ejemplo".
El artículo 103 del Estatuto de Roma, tratado que dio vida a la CPI, establece que toda sentencia promulgada por un juez deberá ser cumplida en el Estado designado por la Corte, a partir de una lista de países que haya indicado su disposición de aceptar a los condenados.
Sang-Hyun, quien se reunió con las cortes Suprema y Constitucional, la Fiscal General y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó los avances de la justicia colombiana y afirmó que está "deseoso de que continúe esta estrecha cooperación".
Santos, por su parte, resaltó que, durante su visita, Sang-Hyun pueda conocer, "los esfuerzos y logros no solo del Gobierno sino también de la rama judicial y otros organismos del Estado, en materia de lucha contra la impunidad y reparación de víctimas".
La agenda de Sang-Hyun continúa este miércoles con una conferencia en la Universidad de los Andes.
Llegada de Sang-Hyun Song
"Vine a Colombia por invitación del presidente (Juan Manuel) Santos para hablar de temas de interés mutuo y firmar un acuerdo para que en el evento que una persona tenga una sentencia de la CPI, ese individuo pueda cumplir la sentencia en este país", aseguró Song.
"Cuando alguien es condenado por la CPI, debe cumplir una pena de cárcel. En ese caso, la CPI debe encontrar un país que acepte que esa persona pague la sentencia en su territorio", explicó en declaraciones a la emisora 'La FM'.
Reunión con alto comisionado de ONU
Song se reunió con Christian Salazar, alto comisionado de la ONU para los DD. HH., para hablar, entre otros temas, de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por paramilitares y guerrilla, y ejecuciones extrajudiciales, y planear un intercambio de información más estrecho.
DECLARACIONES DEL PROCURADOR AVIVAN EL DEBATE ENTRE LOS CIUDADANOS
Sus opiniones sobre la homosexualidad y el aborto encendieron el debate en las redes sociales.
A las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez contra el aborto y las familias formadas por padres del mismo sexo se sumó la posible tutela contra el alto funcionario, por imponer su religión en actos públicos y en ejercicio de sus funciones. Estos temas han cobrado especial importancia en el Día Mundial Contra la Homofobia, ¿qué ronda en las redes sociales al respecto?
Alejandro Ordóñez tocó varias fibras en el plano de las familias con padres del mismo sexo. En esta ocasión, 171 usuarios dieron sus opiniones sobre la nueva polémica, por medio de la misma red social.
El Procurador aseguró que es un hecho comprobado científicamente que una familia debe ser formada por dos personas de diferente sexo y que, además, de esa manera lo consagra la Constitución. Esto bastó para encender las llamas del debate.
'Nico' Suárez opinó que "tanto la figura materna como la paterna son irremplazables. Poder comprar a un niño no significa proporcionarle estabilidad emocional y afectiva".
En esa misma vía, John Becerra se preguntó si "quisieran tener dos papás o dos mamás en la casa? ¿Cuál de los dos será mi mamá si a los dos le crece la barba?".
Para quienes están de acuerdo con este tipo de familias la cultura colombiana aún no está preparada, como planteó Alex Del Río Vásquez.
Otros, como 'Pinky Mico', sostuvieron que Ordóñez "puede ejercer su opinión como ciudadano y persona; pero en su cargo debe hacerlo con objetividad e imparcialidad".
EL TIEMPO encuestó a 2.805 usuarios de Facebook y les preguntó si aprueban las familias formadas por parejas del mismo sexo. El 49.5% votó en contra, el 47% a favor y el 3.7% no sabe o no responde.
El pequeño margen entre quienes están a favor y quienes están en contra podría mostrar la tendencia de los usuarios de esa red social en esta materia.
Procurador avivó el debate sobre el aborto
Sobre el aborto, varias personas concordaron con el funcionario en que "se está pasando del Estado Social de Derecho al estado social de los deseos", tal y como el Procurador lo expresó el pasado 11 de mayo.
En una pregunta formulada por EL TIEMPO a través de Facebook sobre su opinión con respecto a si el Procurador pone sus convicciones personales sobre los fallos de la corte, participaron 40 personas.
Hugo Acosta, Claudia Romero, Eduardo Fernández y Mauricio Alberto Álvarez son algunos de los que aprueban la postura de Ordóñez contra esta práctica. Entre las opiniones de estas personas antiaborto, algunos dijeron que "las cortes se extralimitan", "la vida es sagrada" y "su religión lleva la sensatez", entre otras.
A la vez, otras personas se expresaron a favor del aborto en los casos citados por la ley colombiana. Para Luis Lozano-Paredes "el Procurador está tratando de imponer su visión, enmarcada dentro de la religión que profesa, a un Estado en el cual las instituciones son laicas".
De igual manera, Juan David Arévalo señaló que Ordóñez se opone a "cualquiera que vaya contra su doctrina".
En un intento por dar fin a la polémica, el ex presidente César Gaviria y Juan Carlos Henao, presidente de a Corte Constitucional, no tardaron en expresar su desacuerdo con el Procurador.
El funcionario de la Alta Corte le respondió que "las decisiones de la Corte Constitucional son de obligatorio cumplimiento".
El Procurador y sus posturas morales: ¿aceptación en la comunidad virtual?
El desacuerdo con el Procurador no es sólo de Gaviria y Henao. De las 415 personas que respondieron a la encuesta "¿Está de acuerdo con las posturas morales y religiosas del Procurador Alejandro Ordóñez?", 240 están en desacuerdo, 111 a favor y a 64 les son indiferentes.
Entre las opiniones de esos encuestados está la de David Rodríguez, para quien el Procurador no se basó en sus preceptos religiosos para dar sus opiniones, sino en los morales.
Por s parte, Oscar Adrián Giraldo afirmó que Ordóñez se deja "llevar por sus pensamientos y la orden religiosa a la que pertenece. La procuraduría es su fortín político".
En los tiempos electorales que se avecinan el tema de inclusión e igualdad para homosexuales podría imponerse, o al menos así lo pidió la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas) de la Costa Caribe colombiana, que convocó a votar por los candidatos que pongan este tema en su agenda de campaña política.
La Fundación Caribe Afirmativo, promotora de la iniciativa, creó la campaña "¡No! A la homofobia" que busca emplear el marco legal existente para su protección y reconocimiento, y para animar a los candidatos de las próximas elecciones a incluir puntos relacionados con la reivindicación de los derechos de esa comunidad. Faltaría esperar para saber qué tiene el Procurador para decir al respecto.
PROCESOS JUDICIALES EN COLOMBIA NO DURARÍAN MÁS DE UN AÑO
El código general del proceso pasó su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara.
Los 572 artículos que componen el proyecto que crea este código fueron aprobados hoy, en primer debate, en esa célula legislativa.
La idea de la iniciativa es unificar los procedimientos en materia civil, de familia y comercial.
Según Alfonso Prada, ponente de la iniciativa, "el tema más importante, de lejos, es que damos la orden, mediante una ley de la República, que no puede haber un proceso judicial que se demore más de un año. Hoy los procesos, desde la demanda hasta la sentencia, se demoran más de 10 años".
El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, afirmó que hay un capítulo destinado a las normas que tienen que ver con el consumidor.
"Creemos que a Colombia debe llegar una legislación que permita que, de manera muy rápida, quien compre una nevera, una plancha o un televisor, por ejemplo, tenga la posibilidad de reclamar y hacer efectivos los derechos que se derivan de las relaciones de consumo", explicó el funcionario.
El proyecto de ley pasará, para segundo debate, a la plenaria de la Cámara de Representantes.
'GOBIERNO NO HA RETIRADO URGENCIA A REFORMA AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA'
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Así lo dijo el coordinador de ponentes de la iniciativa, el conservador Alfredo Bocanegra.
Según le dijo Bocanegra a ELTIEMPO.COM "se le había solicitado al ministro (de Defensa, Rodrigo Rivera) que desistiera del mensaje de urgencia, pero eso no ha pasado. Lo que necesitamos es que se retire el mensaje de urgencia para regresar al trámite normal del proyecto".
En diciembre del año pasado, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, anunció que el Gobierno presentaría mensaje de urgencia para el trámite de este proyecto, una de las columnas de la política de seguridad de la administración del presidente Juan Manuel Santos.
No obstante, el pasado 23 de febrero, y con el objetivo de abrir un espacio de diálogo sobre la iniciativa, el Gobierno anunció que retiraría ese mensaje de urgencia.
El mensaje de urgencia implica que las comisiones respectivas, en este caso las primeras, sesionan conjuntamente con el fin de acelerar el trámite de un proyecto de ley.
Según el vocero del Partido Verde en la Cámara, Alfonso Prada, en este momento está en el aire "toda la regulación nueva de Policía en materia de consumo de licor y trámite de problemas entre los vecinos; el tratamiento de animales para hacer mucho más amable la ciudad. Y está en veremos toda la policía ambiental para la protección de los cerros y de las cuencas hidrográficas".
Bocnegra agregó que las comisiones primeras alcanzaron a sesionar y aprobaron el informe con el que termina la ponencia del proyecto de ley.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, le dijo a ELTIEMPO.COM que "hay una discusión jurídica sobre si se puede o no retirar el mensaje de urgencia cuando ya se había aprobado en conjuntas el informe de ponencia".
De acuerdo con el funcionario, "mientras se hace claridad sobre este tema, estamos trabajando con el ponente Alfredo Bocanegra y el consejero presidencial Francisco José Lloreda en un nuevo articulado que recoja las observaciones aceptables de todos los foros hechos desde enero".
"La idea que tenemos es tramitarlo ordinariamente, sin mensaje de urgencia, incorporándole las mejoras propuestas en los foros", explicó Rivera.
FISCALÍA IRÍA EN LA BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
El 6 de noviembre de 1985 la guerrilla M-19 tomó el Palacio de Justicia.
El ente investigador examina la posibilidad de crear un plan que cumpla con ese objetivo.
El Fiscal Álvaro Osorio dijo que se dio traslado a la unidad contra el delito de desaparición forzada y desplazamiento para que se evalúe la posibilidad de realizar esa búsqueda.
La carta del Fiscal se da ante la petición de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia para que se realicen nuevos esfuerzos para encontrarlos.
Las últimas decisiones de la Justicia sobre el caso de la retoma del Palacio llevaron a la condena del general Jesús Arias Cabrales a 35 años de prisión por el delito de desaparición forzada.
Esa fue la segunda condena y la más alta que tomó la justicia colombiana contra militares que estuvieron a cargo de la recuperación del Palacio de Justicia, que fue asaltado por el M-19 el 6 de noviembre de 1985.
La otra condena por este caso corresponde a la del coronel Alfonso Plazas Vega, quien había sido sentenciado a 30 años por las mismas desapariciones.
Arias Cabrales impartió instrucciones con la clave 'Arcano 6', en las que ordenaba proceder sobre "sospechosos". Y además, se dijo que el manejo de los rehenes fue controlado por Edilberto Sánchez Rubiano (comandante del B2), que estaba en la Casa del Florero y por Jesús Armando Arias Cabrales.
Los civiles, según las grabaciones reveladas en el juicio, fueron concentrados en el primer piso de la Casa del Florero y sobre algunos se impartió la orden de trasladarlos a dependencias militares.
Otros oficiales investigados por el Palacio de Justicia
Coronel Edilberto Sánchez (r ) Era el comandante de inteligencia de la Brigada XIII y es el oficial más cuestionado, pues fue él quien manejó los interrogatorios. Fue destituido en 1990 por su supuesta participación en la desaparición de la guerrillera Irma Franco durante la retoma. Actualmente, está detenido y acusado por las desapariciones.
General Iván Ramírez (r. ) El entonces coronel fue jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici). Fue detenido en mayo del 2008 después de que su caso fuera reabierto por la Fiscalía, que sostiene que Ramírez y sus hombres manejaron varios interrogatorios a los sobrevivientes.
La Fiscalía pidió la condena por la desaparición de Irma Franco, una de las guerrilleras del M-19 que participaron en la toma del Palacio de Justicia en 1985.
Según la Fiscalía, del coronel dependía la orden para separarla del resto de personas que salieron con vida, procedimiento que fue la antesala de su desaparición forzada.
¿CONTRATOS + POLÍTICOS = CORRUPCIÓN?
Alfonso Gómez Méndez
La privatización del Estado no alejó a los políticos, como se pensaba, sino que los convirtió en catalizadores de la corrupción.
La contratación en sí misma no tiene por qué considerarse delictuosa.
Desde hace buen tiempo se debate entre nosotros el "tamaño" del Estado, así como el papel que este debe desempeñar en la economía y particularmente en la prestación de los servicios públicos esenciales.
En la reforma constitucional de 1936, el liberalismo introdujo el concepto de Estado Social de Derecho y en cierta forma estableció el intervencionismo de Estado, entonces muy en boga.
Pero el Estado ejecutor de obras y prestador de servicios comenzó a ser cuestionado por ineficiente y corrupto. Como pronto hizo carrera la tesis de que debía entregársele al sector privado -supuestamente ajeno a nociva influencia política- la prestación de los servicios públicos para garantizar transparencia y eficiencia, el Estado se fue despojando de sus funciones esenciales: manejar el agua, la energía y el transporte; recaudar impuestos; aun administrar justicia, vía tribunales de arbitramento.
Son cosa del pasado, por ejemplo, la Empresa Colombiana de Aeródromos, el Instituto de Fomento Industrial, el Instituto de Crédito Territorial, la Caja Nacional de Previsión, el Instituto de Seguros Sociales y todas las Empresas de Servicios Públicos de las grandes ciudades: se decía, con razón, que el clientelismo y la politiquería, con su secuela de corrupción y deshonestidad, hacían necesario pasar al sector privado su administración, ejecución y control.
Los actuales escándalos de corrupción en distintos órdenes de la vida nacional, como la infraestructura vial, las concesiones y, -¡casi nada!- la salud de los colombianos, muestran que detrás de todos ellos ha estado la "protección" de influyentes políticos, de reconocidos paramilitares, o de ambos, lo cual les ha permitido a "caballeros de industria" sin experiencia, como los Nule, recibir contratos a porrillo, pero no para hacer las obras a que se obligan sino para diseñar, de mala fe, pleitos que con el tiempo les representen fraudulentas y multimillonarias "ganancias" a costa del erario. Y el cohecho siempre es bilateral.
Esos nuevos contratistas, que ahora reemplazan al Estado, financian campañas nacionales y regionales; atienden con generosidad a renombrados políticos; montan costosas campañas de imagen; arman fiestas estrafalarias, todo para llegarles a quienes van a tomar las decisiones que les facilitarán enriquecerse, a veces lícita, pero con mayor frecuencia ilícitamente.
Se presenta, además, una curiosa "privatización" del Estado a través del clientelismo cuando sectores de la administración (energético, de salud o de infraestructura) se entregan, de antemano, a grupos o facciones políticas cuyos jefes terminan decidiendo cómo, cuándo y con quién contratar.
La contratación en sí misma no tiene por qué considerarse delictuosa, pero sí la forma como a veces se hace. Esta es hoy fuente principal de la corrupción.
Lo irónico de este proceso es que el Estado se desprendió de atribuciones esenciales -como la recaudación de impuestos- para evitar la influencia política, y ahora los políticos han regresado por la puerta de atrás, colocando funcionarios que se prestan para las corruptelas que han comenzado a salir a la luz pública.
La privatización del Estado no alejó a los políticos, como se pensaba, sino que los convirtió en catalizadores de la corrupción. Pero como no puede generalizarse, es urgente que los organismos judiciales y de control no se limiten a procesar mandos medios, sino que le revelen pronto al país los nombres de los políticos que, para facilitar la corrupción, han protegido, auspiciado, asesorado o hecho lobby.
¿Cuántos relumbrones políticos -y otros más opacos- pueden jurar sobre la Biblia que nada tienen que ver con esta vena rota de la contratación ilegal, o que no les han facilitado a los delincuentes eludir los controles estatales?
EL ESPECTADOR
POR PETICIÓN DEL FISCAL DELEGADO ANTE LA CORTE SUPREMA
DECIDIDOS A ENCONTRAR DESAPARECIDOS
Se busca establecer un plan de búsqueda en el grupo de Desaparecidos de la Fiscalía para encontrar los restos de los once desaparecidos en el holocausto del Palacio de Justicia.
Después de que se decidieran las primeras dos condenas, al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, por los once funcionarios de la cafetería desaparecidos en la retoma del Palacio en noviembre de 1985, la Fiscalía General de la Nación, en nombre del jefe de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón, solicitó a la Unidad de Delitos contra la Desaparición y el Desplazamiento Forzado de la misma institución, que se establezca un plan de búsqueda especializada de sus cuerpos.
La solicitud, hecha por un grupo de familiares de las víctimas del Palacio al presidente Juan Manuel Santos, se remitió a la Fiscalía a finales de noviembre del año pasado, cuando se cumplieron los 25 años de la toma del Palacio, y hoy se conoció la respuesta a través de una carta de Osorio a los mismos. En el documento, Osorio manifestó además, que había alzado una petición al grupo de Desaparecidos para que “se informe a los familiares sobre las actividades desarrolladas por el referido grupo” sobre el tema.
En la primera carta enviada a Santos, los familiares de las víctimas de la toma del Palacio de Justicia pidieron al gobierno: “emprender una tarea de búsqueda de los restos con ayuda de un organismo internacional como la Cruz Roja, previa verificación de información seria sobre coordenadas donde se encuentran los mismo”, así como “que el Gobierno ofrezca una recompensa en dinero a quienes entreguen información veraz, verificable sobre la verdad de lo que ocurrió con nuestros familiares y el sitio en donde están los cadáveres”.
Y, aunque los familiares de los desaparecidos se sintieron aliviados con la decisión tomada por el fiscal Osorio, el pasado 11 de mayo mostraron sus voces de disgusto después de que la jueza 51 penal de Bogotá, María Cristina Trejos, quien llevó el caso de la condena de Arias Cabrales, se declaró impedida para seguir avanzando en el proceso porque consideraba que su opinión estaba sesgada. Entonces, Sandra Beltrán, hermana del desaparecido Bernardo Beltrán Hernández, manifestó: “Ahora nos preocupa que pueden pasar tres meses para saber quién va a tomar el caso y posterior a eso, seguramente el juez va a pedir tiempo para leer el expediente, que es bien extenso, y eso nos daría un espacio de año y medio o dos años para avanzar”.
Sin embargo, el expediente del caso del Palacio de Justicia ha avanzado en los últimos tiempos. El 30 de julio del año pasado y por el delito de desaparición forzada, la jueza Stella Jara condenó a Plazas a 30 años de prisión por los hechos ocurridos hace 25 años. Más recientemente, la jueza 51 penal, María Cristina Trejos, condenó al general (r ) Arias Cabrales, a 35 años de cárcel por los mismos hechos.
Reacciones de las víctimas
El representante de las víctimas el abogado Rafael Barrios:
“Es muy importante que la fiscalía tenga la intención de búsqueda de los desaparecidos. Es la deuda que tiene la justicia colombiana con el país y la comunidad internacional. Es un paso importante y como defensores de las victimas esperamos que esta búsqueda sea seria y eficaz para que nos conduzca al sitio donde están los restos.
Este sería el primer caso que yo recuerde que la Fiscalía ha emprendido un mecanismo de búsqueda. Cuando Eduardo Umaña, vivía, como representante de las víctimas, se adelantó una exhumación de una fosa común en el cementerio del sur en la que se encontraron los restos de Ana Rosa Castiblanco, una de las desaparecidas del Palacio”.
Familiares de las víctimas
sandra Beltrán
“Hay dos condenas pero aún no sabemos nada de nuestros familiares. Me parece más que sensato que la Fiscalía tenga esta iniciativa después de 26 años de clamores”
Cecilia Cabrera
“Esta es una respuesta y un aporte a la verdad del presidente Juan Manuel Santos que desde noviembre del año pasado se comprometió ante el país y los organismo internacionales a encontrar la verdad por dolorosa que sea en este caso”.
POSICIÓN DOMINANTE DE LAS EPS, CENTRO DEL DEBATE
DOS CARAS DE LA SALUD
Acerca de la reforma a la salud, que fue sancionada en enero pasado, hay diferencias en si el sistema lo debe manejar el Estado o los privados.
Los problemas financieros del sistema de salud, la corrupción, los recobros de medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), la crisis en la red pública hospitalaria y la inversión de los presupuestos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), en centros educativos y hasta en hoteles, fueron temas que volvieron a salir a flote en el debate de control político que hicieron ayer las comisiones séptimas del Senado y la Cámara. Allí quedó sobre el tapete la ineficacia que existe en el aparato estatal en materia de regulación, vigilancia y control del sistema de salud en Colombia, así como la ‘ventajosa’ posición en que se encuentran las EPS con el modelo actual.
Para el representante Simón Gaviria el problema de fondo tiene que ver con la posición dominante de las EPS y la integración vertical que hoy permite la ley. Esto implica la posibilidad de que estas empresas, además de recibir dinero del Gobierno por el número de afiliados con base en la UPC (Unidad de Pago por Capitación), sean dueñas de los hospitales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
Además, agregó que con el tema de SaludCoop quedó en evidencia lo difícil que es hacer seguimiento al dinero de la salud, “cuando tengo una fuente de ingresos que es el número de afiliados, otras que son las utilidades por negocios conexos (IPS, hospitales y centros de salud, entre otros), eso es una caja única que no permite identificar en qué se invierte el dinero y el presupuesto destinado a los pacientes es dirigido a otros gastos, haciendo de la salud un negocio millonario”.
Otros legisladores, que defienden el sistema actual, afirman que en la reforma a la salud de 2011 se establecieron mecanismos para regular el funcionamiento, pero criticaron la tardanza del Gobierno para reglamentarla.
Según el senador Fernando Tamayo, quien fue ponente de la reforma, lo importante es tener información clara, y añadió: “La Ley 1438 establece un control a los excesivos costos de los recobros, mecanismos para vigilar el valor de los medicamentos, instrumentos de control y sanción a las EPS, eficacia en los mecanismos en el régimen subsidiado y fortalecimiento de información”.
Ante esta crítica el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, dijo que ya han hecho reglamentaciones importantes de la ley en temas como el giro directo, control de precios de medicamentos, y van hacia delante con todas las reglamentaciones relacionadas con temas de calidad, de flujos de recursos, de inspección, vigilancia y control. “Tenemos plazo hasta el 1° de diciembre para definir por completo el modelo de salud”, sostuvo.
La senadora Dilian Francisca Toro planteó la necesidad de nombrar una comisión de congresistas que haga seguimiento a la reglamentación. No es la única tarea pendiente. Buena parte de la Ley 1122 y otras de las reformas que se hicieron al sistema de salud en 2007 también están en el limbo, pues muchos de sus artículos no han sido reglamentados.
Pero quizá lo más urgente para muchos es la actualización del POS. Después de casi una década, sigue pareciendo una tarea imposible y es la raíz de gran parte de los males que aquejan al sistema. Aunque la Comisión de Regulación en Salud (CRES) contrató un estudio con la Universidad Nacional por más de $1.500 millones para definir una metodología y ampliar el plan de beneficios, la verdad es que hasta ahora tan sólo cuatro medicamentos han sido añadidos a la lista en la que, por otro lado, siguen vigentes procedimientos y fármacos considerados obsoletos por la medicina actual.
En conclusión, hay dos posiciones sobre el sistema de salud en Colombia. Mientras algunos consideran que con la aplicación de la reforma es suficiente para salir de la crisis, otros plantean que es necesario que el Estado recupere la posición dominante, para que la atención médica no se constituya en un negocio.
SE SALVÓ REFERENDO DE PRISIÓN PERPETUA EN PLENARIA DEL SENADO
Con lo justo, 52 votos, el proyecto fue aprobado en la plenaria de la corporación en segundo debate.
El referendo que contempla que sean consultados los colombianos en las urnas si quieren “aplicar” hasta la prisión perpetua a los abusadores y agresores de niños logró salvarse en la plenaria del Senado de la República.
Con 52 votos a favor y 15 en contra, la plenaria de la corporación dejó en manos de la Cámara de Representantes la iniciativa, quedando a tan sólo dos debates de su aprobación la iniciativa.
Los promotores y activistas defensores del referendo, tras ser salvado el proyecto, cuando se pensó hasta lo peor, en medio de aplausos en las barras de la plenaria del Senado, celebraron la aprobación.
El texto que quedó aprobado es el siguiente:
"Con relación a los delitos de homicidio doloso, violencia y explotación sexual, maltrato severo y secuestro, cometido contra menor de 14 años o menor de edad con discapacidad física o mental, podrá aplicar la pena de prisión perpetua, de acuerdo con la ley”.
En medio de lágrimas, la senadora Gilma Jiménez, vocera del comité promotor, agradeció a los legisladores que dieran su visto bueno a la iniciativa popular.
Dentro de la justificación de la iniciativa, la legisladora explicó lo “devastador” que es para un menor que lo toquen o le abusen sexualmente.
“Lo mejor es que se le permita al pueblo colombiano tomar la decisión; así como el pueblo es convocado para elegir a los congresistas, el pueblo también tiene la sabiduría para autoregularse y establecer una norma de excepción como esta”, aseguró.
¿Por qué no la pena de muerte?
Gilma Jiménez explicó que ella no presentó un referendo de pena de muerte para los abusadores porque “tenemos firmados tratados internacionales que contemplan la prohibición de esa figura”.
Y porque “en lo personal me produce pánico una equivocación porque tomaríamos una decisión que no es reversible, contrario a lo que sucede con la prisión perpetua”.
¿Qué viene para el proyecto?
Ahora, los promotores del referendo deberán defender la iniciativa en la comisión primera de la Cámara de Representantes y la plenaria de la misma corporación.
CONSERVADORES CONDICIONAN APROBACIÓN DE LEY DE VÍCTIMAS
A pocas horas del inicio del debate, ese partido admitió que “Uribe marca la pauta en la Ley”, y por eso, pide la inclusión del calificativo de "terroristas" para las Farc.
El senador José Darío Salazar explicó los puntos que deben ser... El senador José Darío Salazar explicó los puntos que deben ser corregidos en la ley de víctimas.
Ley de Víctimas incumple acuerdo hecho con Santos y Uribe: La U
Aunque el Partido Conservador anunció su apoyo a la Ley de Víctimas en último debate en la plenaria del Senado, fijó una serie de condiciones a la entrega de su visto bueno.
Como parte del debate sobre el conflicto armado interno que fue incluido en la ponencia, los conservadores han pedido que quede explícito que no habrá estatus de beligerancia.
El presidente del Partido, senador José Darío Salazar, dijo que no se dan las circunstanciasno para ese estado toda vez que "no hay asentamiento de un grupo subversivo en una parte del territorio".
De otro lado, Salazar señaló que otra condición es que se incluya en la Ley que "las Farc son terroristas".
"Ese calificativo de terroristas no se les puede quitar por el hecho de que se hable de que en Colombia hay un conflicto armado", aseguró.
Salazar indicó que esas correcciones deben hacerse en la Ley, previo a su votación en la plenaria del Senado.
En el mismo sentido, el senador Hernán Francisco Andrade dijo que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sí influyó en las nuevas condiciones fijadas para aprobar la iniciativa.
“Uribe marca la pauta en la Ley de Víctimas”, aseguró el reconocido legislador huilense.
En las últimas semanas se han venido reuniendo los conservadores y La U con Uribe para establecer algunos puntos que son preocupación dentro de la ley
El exmandatario se ha quejado por la posibilidad de darles espacio político a los terroristas a través de la figura de conflicto armado interno.
A más tardar este miércoles se espera que inicie el debate sobre la iniciativa.
¿LESA HUMANIDAD PARA LA IMPUNIDAD?
Por: Rodrigo Lara
A Finales de 2009, unos días antes de que la investigación del atentado terrorista al avión de Avianca prescribiera, la Fiscalía General declaró este delito como de lesa humanidad. Paralelamente, en razón de la sistematicidad y la masividad de los crímenes con que el cartel de Medellín exterminó a la Unión Patriótica y a la cúpula del Nuevo Liberalismo, la Fiscalía entró a reconocer estos crímenes como de lesa humanidad.
Este reconocimiento abre una puerta de esperanza para que un país que fue humillado por la violencia terrorista de este aparato político-criminal pueda hoy, con dignidad, impartir justicia. Por regla general estas vanas investigaciones centraron cómodamente toda la responsabilidad en el fallecido Pablo Escobar, en otros capos muertos y en unos cuantos pistoleros, sin que se indagara un poco por los miembros que conformaban de pleno derecho la cúpula del cartel de Medellín y que hoy hacen alarde de su impunidad.
El clamor de justicia por estos crímenes no es sólo un asunto íntimo de las víctimas. Para el país es importante conocer que el auge militar de las Farc tuvo como combustible el negocio del narcotráfico, que empezó como una sociedad que se inventó el cartel de Medellín para cuidar sus laboratorios, tal como quedó demostrado en los hallazgos de Villa Coca y Tranquilandia.
Las nuevas generaciones también deben entender, que una vez este cartel rompe su sociedad con las Farc, a mediados de los ochenta, la sustituye organizando sus propios grupos armados, inicialmente cooptando a unos nacientes grupos de autodefensas del Magdalena Medio. Con esta alianza sembraron la semilla de los mal llamados grupos paramilitares.
El cartel se depuró colaborando bajo el rótulo de “Los Pepes” en el abatimiento de Escobar. Aprovechando la poderosa estructura militar que montaron para abatirlo en 1993, procedieron a iniciar la expansión nacional de los grupos paramilitares. Primero reclutaron en cada región a los mancusos y los cuarentas, para luego sembrar el terror con masacres que anunciaban su llegada.
La lesa humanidad nos sirve a los colombianos para conocer esta oscura etapa de nuestra historia. Pero la reapertura de algunas investigaciones (curiosamente el crimen de Rodrigo Lara B. es el único de esta serie no declarado de lesa humanidad) puede ser utilizada para sellar una perenne impunidad con fallos judiciales espurios. Como lo señala el columnista Fernando Arellano, preocupa que un reciente informe del CTI, a pesar de los rastros de explosivos encontrados, señale 22 años después que la causa probable del accidente del avión de Avianca sea una falla mecánica. Lo hace sin que exista un solo sindicado y sin citar a diligencia alguna a personas señaladas por testigos, como es el caso de Jorge Luis Ochoa.
La reapertura de estas investigaciones se topa con la sombra de un cartel impune que aún cuenta con sus aliados políticos de siempre, que no esconden su interés en explicar esta etapa de nuestra historia bajo un cómodo reduccionismo, según el cual todo ese conjunto de narcoguerrillas, paras y carteles que ayudaron a crear, es y ha sido una simple amenaza terrorista, sin más.
EL NUEVO SIGLO
DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO
Por JOSE GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
“Tiene derecho a la presunción de inocencia; a la prueba”
NO sabemos si finalmente tendrá o no éxito en su labor de defensa, pero fue muy interesante la exposición del ex magistrado Jaime Araujo al presentar los descargos de su cliente Iván Moreno ante el Procurador General.
Quien esto escribe no se inclina en uno u otro sentido por no conocer en forma directa el expediente, pero, en abstracto, importa resaltar el buen criterio del defensor al recordar principios esenciales de nuestro ordenamiento constitucional, que conforman la estructura axiológica del Estado de Derecho colombiano y que parecen haberse perdido, o al menos desdibujado en muchos casos cuando organismos judiciales o de control piensan más en los resultados mediáticos de sus actuaciones que en la aplicación rigurosa del Derecho.
En una peligrosa tendencia que hemos venido observando, algunos organismos inician y tramitan actuaciones “como por cumplir”, pero, contra lo establecido en el artículo 29 de la Constitución y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, parten de la ba
Denunciaba Araujo, por ejemplo, que ante pruebas documentales auténticas y ciertas, se intentaba “corregirlas” de oficio, con el objeto de sostener el cargo formulado. Lo cual, de ser verdad, sería monstruoso.
Es que si el cargo que sostiene la actuación se viene abajo en razón de la existencia de una prueba inequívoca, lo justo es rendirse ante la evidencia aunque se sacrifique el espectáculo público en que se convierten ciertos procesos.
Decía también el abogado, con razón, que el Código Disciplinario Único no prevalece sobre la Constitución, ni sobre los Tratados Internacionales, y que por tanto éstos no se aplican en subsidio de normas contempladas en el Código, sino siempre, haya o no disposiciones especiales del mismo. Una verdad elemental, que se ha venido soslayando so pretexto de que el Derecho Disciplinario no es tan exigente, en cuanto a garantías procesales, como el Derecho Penal.
Tal concepto, que inclusive se ha deslizado en algunas sentencias de la Corte Constitucional, debe ser revisado con urgencia. El servidor público disciplinado debe estar rodeado de todas las garantías del debido proceso; tiene derecho a la presunción de inocencia; a la prueba; a que no se le apliquen normas en blanco; y a que únicamente se lo condene sobre la base cierta y probada de su responsabilidad por fuera de toda duda razonable.
REVISTA SEMANA
REFERENDO DE PRISIÓN PERPETUA A VIOLADORES SUPERÓ "PRUEBA DE FUEGO" EN EL CONGRESO
La plenaria del Senado aprobó, en segundo debate, el proyecto que busca consultar a los colombianos si quieren que se aplique hasta la pena máxima para algunos casos de violencia contra menores de 14 años.
la cadena perpetua, una pena excluida en la legislación colombiana, “podría aplicarse” a los adultos que vulneren los derechos fundamentales de los niños menores de 14 años.
Con ese tono condicional, los colombianos serían consultados para decidir si esta ‘pena máxima’ se puede convertir en la sanción para violadores, asesinos y secuestradores de menores de edad.
Así lo decidió la plenaria del Senado luego de un intenso debate que se extendió por más de cuatro horas.
El proyecto de referendo estuvo hundido hasta último momento cuando alcanzó el mínimo de votos para ser aprobado por mayoría calificada, es decir, el 51 por ciento de los senadores.
No le resultó fácil la tarea de persuasión a la senadora Gilma Jiménez (Partido Verde), principal promotora del proyecto, quien le pidió a todos los partidos políticos dejar en manos de los colombianos la decisión de contemplar este tipo de sanción para quienes atenten contra niños y niñas.
En el debate, que muchos senadores calificaron de “gran altura” por los argumentos jurídicos que se expusieron, los voceros del Partido Liberal, el Polo Democrático, y el independiente Mira, anunciaron, de forma institucional, su oposición al proyecto.
Estos partidos insistieron en que el aumento de penas no constituye una política criminal “eficiente” para persuadir a los infractores en la comisión de delitos.
Jiménez, contó con el respaldo de La U, el Partido Conservador, Cambio Radical, y lógicamente el Partido Verde, los cuales fueron suficientes para alcanzar la mayoría necesaria.
La votación final fue de 52 senadores que respaldaron el proyecto de iniciativa popular, mientras que 15 senadores mantuvieron su posición negativa.
La senadora Gilma Jiménez, quien tuvo que soportar con angustia los diez minutos que trascendió la aprobación, no pudo controlar el llanto cuando en el tablero electrónico apareció el resultado de la votación.
El referendo de prisión perpetua pretende modificar el artículo 34 de la Constitución, precisamente el que prohíbe la máxima condena y las penas capitales en el Estado colombiano.
El proyecto pretende, que a través de las urnas, sean los colombianos los que decidan si se modifique este artículo, para que, en adelante, la Constitución permita que para aquellos que atenten contra menores de 14 años, incluidos menores de edad con discapacidades físicas y mentales, “podría aplicarse hasta la prisión perpetua”.
El proyecto pasa a la discusión de la Cámara de Representantes, donde la Comisión Primera y la Plenaria de esa corporación tendrán que abordar el estudio de la iniciativa.
Sin embargo, los promotores del referendo sabían que la “prueba de fuego” era la plenaria del Senado. Los dos debates que faltan se vislumbran más sencillos para su aprobación.
Este mismo referendo fue aprobado en la pasada legislatura, sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible porque en el Congreso se modificó el texto y no se aprobó el certificado de la Registraduría sobre la financiación de la recolección de firmas.
Esta vez, el nuevo proyecto de referendo contó con el respaldo de dos millones 500 mil firmas, que fueron recogidas en todo el país antes de radicarlo en el Congreso.
FISCALÍA ESTUDIA PLAN DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
El ente de control anunció que está considerando la "viabilidad de diseñar un plan de búsqueda" de los restos de las personas de las que no se volvió a saber desde el 7 de noviembre de 1985.
En una carta enviada por el fiscal Álvaro Osorio Chacón a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, el ente investigador dio cuenta de dos decisiones del ente de control en aras de hallar sus restos:
La primera fue que remitió al Grupo de NN y Desaparecidos y al jefe de la Unidad de Fiscalía contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento Forzados, una carta de los familiares de los desaparecidos “a fin de que se informe sobre las actividades desarrolladas por el referido grupo”, respondió Osorio.
Y en segundo lugar para que “se establezca la viabilidad de diseñar un plan de búsqueda, de las características mencionadas por ustedes”, dice la carta.
Son 11 las personas que desaparecieron en los días aciagos 6 y 7 de noviembre de 1985 durante la toma del edificio por un grupo de guerrilleros del M-19.
Los familiares de los desaparecidos pidieron al Gobierno: “emprender una tarea de búsqueda de los restos con ayuda de un organismo internacional como la Cruz Roja, previa verificación de información seria sobre coordenadas donde se encuentran los mismos”.
Y también: “que el Gobierno ofrezca una recompensa en dinero a quienes entreguen información veraz, verificable sobre la verdad de lo que ocurrió con nuestros familiares y el sitio en donde están los cadáveres”.
Esa carta, que inicialmente fue enviada al presidente Juan Manuel Santos por los familiares de los desaparecidos, una vez se cumplieron los 25 años del holocausto del Palacio, fue remitida por su despacho a la Fiscalía.
Este martes, seis meses después, obtuvieron la respuesta.
NO PERMITAS LA HOMOFOBIA
por Manuel velandia
El 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y la Transfobia, conmemorando que en 1990 la Organización Mundial de la Salud aceptó oficialmente la homosexualidad como una variación natural de la sexualidad humana, al retirar la homosexualidad de su lista de desórdenes mentales, pero ello no ha acabado con la homofobia, es más en algunas personas, ciudades y países se ha incrementado.
Desde 1990, la comunidad científica internacional se opone a todos los enfoques que consideran la homosexualidad como una “enfermedad” que debe ser "curada"; pero si hay una enfermedad que requiere tratamiento, esta es la homofobia, porque quien está afectado por ella no solo se produce daño emocional a sí mismo y a los demás, y en muchos casos hacen a quienes son objeto de su fobia, victimas de exclusión social, discriminación, estigma, desplazamiento forzado, lesiones físicas, encarcelamiento, pena de muerte e inclusive asesinato y de otros crímenes de odio que refuerzan los sentimientos de culpa y baja autoestima, aumentan el sufrimiento psicológico y en algunos casos extremos llevan a las personas al suicidio, a abandonar sus familias y los pueblos en los que han nacido.
Difundir o vivir el desorden mental de la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, incita a la discriminación, la violencia y los asesinatos, a crear leyes en las que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo conducen a la pena de muerte en 7 países y eran consideradas como una forma de crimen en otros 80.
En la mayoría de países del mundo, a las personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual, intersexual, queer, etc., se les niegan sus derechos humanos fundamentales tal como estos son definidos, entre otros, por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En Colombia, las personas homosexuales y lesbianas tienen derechos civiles reconocidos. El Alto Tribunal decidió incluir a las parejas del mismo sexo dentro del concepto de "compañero permanente", a partir de la fecha (28 de enero de 2009) estas parejas se verán cubiertas por diferentes derechos en materia civil, penal, política, migratoria, social y económica, que les permitirán estar en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales que vivan en unión libre; sin embargo, las personas transexuales no tiene derecho a tratamiento hormonal o a operaciones que cambian su morfología corporal, pero no por ello han dejado de vulnerarse sus derechos; algunos políticos aun no aceptan las uniones civiles y se han recortado prestaciones de servicios asistenciales y para la prevención del sida, esto facilita su vulnerabilidad frente al VIH, incrementa la falta de adherencia a los tratamientos inhibidores del VIH disminuyendo la esperanza de vida de las personas, acercándolas a la muerte.
La homofobia, la lesbofobia y la transfobia nos afectan directamente, son más de cien los homosexuales, lesbianas, transexuales y travestis que han sido amenazado de muerte; mujeres lesbianas, homosexuales y trans han sido agredid*s física y verbalmente en las calles y en espacios comerciales. Somos muchos los que hemos pedido asilo en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España, no siempre lo conceden pero algunos ya lo hemos logrado, siendo este un reconocimiento internacional de la vulneración a los derechos que existe en Colombia.
La consideración de la orientación sexual y la identidad de género como un derecho humano fundamental implica además la creación de servicios de información y apoyo a personas LGTBI, leyes integrales para personas transexuales, que aborden todos los ámbitos en los que necesitan apoyo institucional para superar la transfobia, iniciativas encaminadas a asegurar la salud integral, la prevención del VIH, la articulación de políticas específicas de igualdad hacia los colectivos más discriminados dentro de la realidad lésbica, gay, transexual y bisexual: las personas mayores, las mujeres, las y los adolescentes, las diversas funcionalmente, seropositivas, inmigradas, hombres y mujeres transexuales; y que, las autoridades religiosas condenen firmemente el uso de discursos que proponen y/o impulsan procesos de “reparación” de la homosexualidad y transexualidad, y que promuevan el respeto de la diversidad sexual y de la identidad de género como variaciones de la sexualidad humana.
En esta acción me uno a todas las organizaciones en todos los países del mundo en la que cada un* de sus miembros se han abanderado de su derecho a Ser y estar siendo ciudadanos plenos y sujetos plenos de derechos, para exigir que en su contra no se ejerza sin ningún tipo de violencia justificada en contenidos LGTBIfobicos.
No permitas que nadie te oculte, no permitas que nadie te diga qué hacer con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu libertad, no permitas que tu propia homofobia sea el espacio para que otros te separen, aíslen, excluyan.
En todo el mundo se convoca a las personas LGTBI y demás personas coherentes con los derechos humanos a que pidan atención política a los políticos para que los derechos de las personas LGTBI en Colombia y el mundo sean una realidad.
Entre todos podemos construir un mundo diferente, no ocultes tu voz, no acalles tus miedos, lucha por tus derechos, di No a la homofobia, se parte de la movilización mundial contra la homofobia, autorízate para que en cada ciudad colombiana y del mundo, se pueda Ser.